El Estado de derecho sigue siendo indispensable para el desarrollo humano integral
La prevención y la respuesta a la actividad delictiva están estrechamente vinculadas al respeto y la protección de los derechos humanos universales. Esto requiere no solo el esfuerzo de las fuerzas del orden, sino también el compromiso de toda la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
León XIV, al Parlamento, representantes de los Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Sala Clementina, Viernes 15 de mayo de 2026.
Honorables miembros del Parlamento,
representantes de los Estados participantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,
señor embajador
, señoras y señores,
Con profunda esperanza y preocupación pastoral, les saludo al reunirse en la Segunda Conferencia Internacional sobre la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en la Región de la OSCE, dedicada a la seria y urgente lucha contra el flagelo de las drogas ilícitas. Su presencia, proveniente de numerosos Estados participantes de la OSCE, desde Vancouver hasta Vladivostok, es testimonio de su determinación colectiva para abordar un fenómeno que sustenta las redes criminales y pone en peligro el futuro mismo de nuestras sociedades.
La Santa Sede cree firmemente que el Estado de derecho, la prevención del delito y la justicia penal deben avanzar juntos en unidad. De hecho, la auténtica aplicación del Estado de derecho sigue siendo indispensable para el desarrollo humano integral. Ninguna sociedad verdaderamente justa puede perdurar a menos que la ley —y no la voluntad arbitraria de los individuos— siga siendo soberana (cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia , n.º 408), y que ninguna persona ni grupo, independientemente de su poder o estatus, pueda arrogarse el derecho a violar la dignidad y los derechos de los demás o de sus comunidades. Por consiguiente, la prevención y la respuesta a la actividad delictiva están estrechamente vinculadas al respeto y la protección de los derechos humanos universales. Esto requiere no solo el esfuerzo de las fuerzas del orden, sino también el compromiso de toda la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.
En este sentido, la Santa Sede apoya plenamente toda iniciativa que busque establecer un sistema de justicia penal eficaz, justo, humano y creíble, capaz de prevenir y combatir la producción y el tráfico de drogas ilícitas. Reconociendo que la verdadera justicia no puede satisfacerse únicamente con el castigo, tales esfuerzos deben adoptar también enfoques caracterizados por la perseverancia y la misericordia, orientados a la rehabilitación y la plena reinserción de los infractores en la sociedad. Este mismo respeto por la dignidad inherente de toda persona, incluidas aquellas que han cometido delitos, excluye el recurso a la pena de muerte, la tortura y cualquier forma de castigo cruel o degradante.
Se necesitan programas integrales para ayudar a quienes sufren de adicción, ofreciéndoles atención médica, apoyo psicológico y rehabilitación continua. Este enfoque multidisciplinario debe considerar a la persona en su totalidad, trascendiendo tanto las medidas puramente represivas como las soluciones permisivas, que no logran liberar a las personas de las cadenas de la adicción. De esta manera, podrán redescubrir y experimentar plenamente su dignidad intrínseca.
Además, quisiera recalcar que la educación es fundamental para la prevención. Constituye la base del desarrollo humano integral y proporciona a los niños y jóvenes los medios para reconocer la profunda devastación causada por las drogas. En nuestra época, cuando las redes sociales difunden con tanta frecuencia información errónea y peligrosa que trivializa estos riesgos, la educación debe comenzar en la familia y reforzarse en las escuelas, brindando conocimientos científicos precisos sobre los efectos desastrosos de los narcóticos en el cerebro, el cuerpo, el comportamiento personal y el bienestar general de la comunidad.
Prevenir y combatir el crimen organizado es fundamental para construir sociedades seguras, justas y estables. En este sentido, deseo rendir homenaje a todos los agentes del orden y miembros del poder judicial que han sacrificado sus vidas o sufrido lesiones en el valiente cumplimiento de su deber. Su testimonio debe inspirarnos gratitud, responsabilidad y una renovada determinación.
La Iglesia Católica, a través de sus numerosas instituciones en todo el mundo y basándose en su dilatada experiencia en el apoyo a las personas afectadas por las adicciones, está dispuesta a profundizar aún más su fructífera cooperación con la sociedad civil. Juntos, con espíritu de respeto mutuo y responsabilidad compartida, podemos impulsar políticas que sirvan verdaderamente al bien común y a la dignidad inalienable de todo ser humano.
Que esta conferencia dé frutos abundantes y duraderos en estrategias de cooperación transnacional, prevención eficaz y esperanza auténtica. Sobre todos ustedes, sus deliberaciones y los pueblos que representan, invoco las abundantes bendiciones de Dios: sabiduría, esperanza y paz duradera. Gracias.