
Un Documento Que Marca Un Hito
En La Respuesta De La Iglesia Ante La Crisis De Abusos
Vaticano publica primer Informe Anual sobre políticas de protección de menores
Este informe inaugural se configura como una herramienta de rendición de cuentas y transparencia, impulsada por el mandato directo del Papa Francisco, quien ha dejado claro que la protección de menores es una prioridad central de su pontificado.
Encargado por el Santo Padre y en el contexto de una Iglesia comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y las personas vulnerables acaba de presentar el primer informe sobre políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia. Este documento refleja la voluntad inequívoca de una Iglesia que busca medir y mejorar continuamente los esfuerzos que realiza para proteger a los más vulnerables, ofreciendo un enfoque que combina principios teológicos, responsabilidad social y una clara dimensión pastoral, expresión de su compromiso con la dignidad humana y la justicia.
Para promover esta visión de Iglesia es necesario reconocer los errores del pasado, una sanación profunda y un compromiso sincero con la protección, la justicia y la reparación a quienes han sido heridos por el abuso sexual. A partir de esta reflexión, la comisión adoptó el modelo de justicia y conversión, que se basa en cinco pilares. El primero es la conversión que nos aleje del mal: se centra en una profunda renovación espiritual que guíe a la Iglesia hacia un cambio de corazón y mentalidad, comprometida con los valores evangélicos.
En segundo lugar, prioriza la búsqueda y reconocimiento de la verdad, permitiendo que las víctimas sean escuchadas y sus experiencias aceptadas con empatía, solidaridad y transparencia. A continuación, en el apartado de la justicia, busca la rendición de cuentas y la implementación de medidas justas contra los responsables. Otro pilar es la reparación, que se enfoca en acciones concretas y efectivas para ayudar a sanar a las víctimas, ofreciendo los apoyos que requieran, profesionales, pastorales o materiales. El último es la garantía de no repetición: establece reformas y políticas institucionales robustas que eviten futuros abusos, incorporando protocolos y formación para la prevención, que conduzcan a una transformación perenne y significativa de la Iglesia.
El modelo de justicia y conversión apunta a la transformación espiritual progresiva de todos los miembros de la Iglesia, que lleve a comprometernos a realizar acciones concretas, enfrentarnos y remediar el daño causado, buscar erradicar el abuso sexual, construir entornos seguros donde los individuos sean tratados con dignidad y respeto, fomentando la renovación integral de nuestra Iglesia.
En el centro de este informe resuenan las voces de las víctimas / sobrevivientes, cuya experiencia y fortaleza continúan guiando los cambios necesarios para un entorno más seguro y justo, a través de dos fuentes principales. Desde sus inicios (2014), la comisión pontificia ha contado con miembros que, además de ser expertos en el tema de la protección, también fueron víctimas de abuso sexual. Su presencia y aportaciones siguen siendo invaluables. Además, han contribuido en el desarrollo de distintos protocolos, entre ellos uno relacionado con la respuesta a su correspondencia. También han conformado paneles consultivos y en el último año un grupo de ellos, provenientes de una región continental, formaron parte del primer grupo focal piloto, dirigido a la reflexión sobre los contenidos y objetivos de este informe anual.
La primera sección del informe aborda la importancia de apoyar a los líderes eclesiásticos locales en la aplicación de políticas de prevención y respuesta a las denuncias de abuso, particularmente a aquellas Iglesias locales que presentan grandes desafíos por múltiples situaciones. La segunda se enfoca en la misión eclesial de proteger a los menores y adultos vulnerables en las diferentes regiones del mundo, enfatizando la necesidad de promover la solidaridad y colaboración entre conferencias episcopales. La siguiente parte subraya que la Curia romana está llamada a ser un referente en la protección de menores y adultos vulnerables, facilitando el intercambio de buenas prácticas con las Iglesias locales y promoviendo una visión común de procedimientos. La última sección reconoce el papel de la Iglesia en la protección de los menores y adultos vulnerables, tanto en su interior como en la sociedad en general.
A lo largo del camino recorrido, la comisión ha encontrado una gran diversidad de respuestas por parte de las Iglesias locales frente a la recepción de las denuncias y la escucha y acompañamiento a las víctimas / sobrevivientes y sus familias. Por un lado están aquellas que poseen los recursos necesarios, profesionales y pastorales, para atender a quienes han sido afectados por el abuso y, por el otro, las que carecen de ellos y cuya gestión, por tanto, es muy poco eficiente.
A raíz de este hecho, la comisión pontificia creó en 2023 la Iniciativa Memorare, que es la manifestación concreta de la atención pastoral y de la ética del cuidado. Su enfoque va más allá de cumplir políticas: busca crear un ambiente seguro, confiable y empático para las víctimas / sobrevivientes y sus familias, a través de facilitar el establecimiento de oficinas dedicadas a recibir las denuncias, la creación de centros de escucha que constituyan un espacio donde puedan expresar sus experiencias y recibir el apoyo necesario. La educación y formación en ambientes seguros también es vista como una prioridad, junto con la capacitación de las comunidades y líderes locales para prevenir futuros casos de abuso sexual. Asimismo, se enfoca en el desarrollo de redes de colaboración profesional que fomenten la solidaridad entre las distintas Iglesias locales y las conferencias episcopales y de religiosos. Todas estas acciones impulsadas por la Iniciativa Memorare no solo buscan sanar heridas del pasado, sino también construir un futuro de prevención en el que la seguridad y el bienestar de todos los miembros de la Iglesia sean la norma.
Este informe es una herramienta de rendición de cuentas, de evaluación y de compromiso renovado hacia la justicia y la protección. Permite identificar áreas de mejora y reconocer los avances logrados, asegurando que las prácticas de protección no sean solo palabras en papel, sino que se traduzcan en realidades palpables que dignifiquen y protejan a cada persona que entra en contacto con la Iglesia. Porque, como el Santo Padre afirmó en febrero de 2015, «las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura».
(ZENIT 29.10.2024).-
En un momento crucial para la Iglesia Católica, este 29 de octubre de 2024, la Santa Sede presentó el primer Informe Anual sobre políticas de protección de menores, un documento que marca un hito en la respuesta de la Iglesia ante la crisis de abusos que la ha sacudido en las últimas décadas. Elaborado por la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el informe busca ofrecer una evaluación crítica de los avances y desafíos de la Iglesia en esta área. Entre los ponentes estuvieron figuras destacadas, como el cardenal Sean O’Malley, presidente de la Comisión, y la reconocida jurista Maud de Boer-Buquicchio, responsable del informe. Este informe inaugural se configura como una herramienta de rendición de cuentas y transparencia, impulsada por el mandato directo del Papa Francisco, quien ha dejado claro que la protección de menores es una prioridad central de su pontificado. En una reforma significativa de la Curia Romana, el Papa elevó la Pontificia Comisión para la Protección de Menores para trabajar en estrecha colaboración con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con el compromiso de informar directamente al Santo Padre.
Salvaguardias en la Iglesia: Un Camino de Aprendizaje y Cambio
Este informe pionero, dividido en cuatro secciones, examina las políticas de varias Iglesias locales, la eficacia de la Curia en la salvaguardia y la colaboración de la Iglesia en el ámbito social. Desde sus primeras páginas, el documento traza una transformación fundamental en la Iglesia: un avance hacia una mayor responsabilidad y transparencia. En palabras del cardenal O’Malley, la Comisión actúa con un mandato claro de «incluir y reconocer a las víctimas y supervivientes de abusos en la vida de la Iglesia». El cardenal denunció con firmeza el período en el que la Iglesia respondió de manera ineficaz a los abusos, calificando esa etapa como “oscura” y señalando que, afortunadamente, se avanza hacia una nueva era donde la escucha y la respuesta a las víctimas se vuelven prioritarias. A través de iniciativas como la Iniciativa Memorare, la Comisión busca no solo revisar políticas de salvaguardia, sino promover una mejora continua en la capacitación de las personas involucradas en el ministerio de protección infantil. La presentación de este primer Informe Anual, señaló O’Malley, es parte de un ciclo continuo de evaluación y mejora que pretende generar un cambio significativo en la cultura de la Iglesia.
Un Enfoque Global: Desigualdades en la Protección y la Falta de Datos
Aunque en varios países la Iglesia ha implementado lineamientos estrictos que han reducido de manera drástica los casos de abusos, el informe revela que esta «curva de aprendizaje» no se ha producido en otras partes del mundo. La Comisión enfatiza especialmente las carencias en el Sur Global, donde la falta de recursos y datos limita los avances en salvaguardia. México, entre otros, se presenta como un ejemplo de esta realidad. La falta de estadísticas detalladas en muchas regiones impide el análisis profundo y la implementación efectiva de protocolos de protección, lo que, según la Comisión, requiere una mayor inversión en infraestructura para garantizar la rendición de cuentas.
Maud de Boer-Buquicchio, ex relatora especial de la ONU sobre explotación sexual, resaltó que el enfoque del informe se basa en los derechos humanos y está centrado en las víctimas, una perspectiva que busca poner en el centro de la misión de la Iglesia la dignidad de las personas. “El clamor por la justicia ha sido ignorado por demasiado tiempo”, señaló Buquicchio, y subrayó que la Iglesia debe responder a esta llamada con acciones contundentes.
Retos y Compromisos para el Futuro
A pesar de ser una herramienta innovadora, la Comisión reconoce que el Informe Anual es un primer paso en un proceso de cambio y que deberá fortalecerse en futuras ediciones. Buquicchio adelantó que el próximo informe se enfocará en aspectos de reparación para las víctimas, destacando que el acompañamiento psicológico y social es esencial para promover una recuperación real y duradera. El Informe también apunta que se necesita un trabajo extensivo para involucrar más a fondo a los religiosos y laicos en la salvaguarda de menores, ya que se busca que estos grupos desempeñen un rol activo en la vigilancia y apoyo a los protocolos de protección.
Además, la Comisión reconoció la necesidad de mejorar la verificación de datos a través de un cruce de referencias con fuentes externas, con el objetivo de ofrecer informes cada vez más exhaustivos y confiables.
Reflexiones sobre el Celibato y la Prevención de Abusos
En el turno de preguntas, la Comisión también abordó un tema controvertido: la relación entre el celibato sacerdotal y los abusos. Buquicchio refutó cualquier vínculo directo, enfatizando que los abusos no se tratan de relaciones adultas sino de delitos graves contra menores. Según ella, insinuar una conexión entre el celibato y estos actos criminales es desviar la atención de la verdadera naturaleza de estos delitos, que exigen una respuesta judicial y un abordaje psicológico especializado. O’Malley apoyó esta postura, señalando que la cuestión del celibato no tiene conexión demostrable con el abuso, según los estudios disponibles. De esta manera, la Comisión reafirma su enfoque en la protección de menores mediante sistemas de denuncia sólidos, formación en gestión de riesgos y el fortalecimiento de un entorno seguro para todos.
Una Esperanza en la Transparencia y la Responsabilidad
El miembro de la Comisión y sobreviviente de abusos, Juan Carlos Cruz, expresó que nunca pensó que llegaría el día en que la Iglesia pudiera abordar este tema con tanta franqueza. «Estamos usando palabras que antes no se decían: ‘verdad’, ‘justicia’ y ‘reparación’”. Cruz agradeció al Papa Francisco por su compromiso sincero en la lucha contra los abusos y subrayó que este informe es un gran primer paso hacia una Iglesia más transparente.
Con este informe, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores no solo cumple un encargo del Papa, sino que da un mensaje a toda la Iglesia: el camino hacia una verdadera transformación requiere enfrentar el pasado y trabajar con firmeza para proteger a los más vulnerables.
Fuente: ZENIT – Español
El presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el cardenal Sean Patrick O’ Malley, ha rechazado en la rueda de prensa en la que se ha presentado el primer informe sobre la respuesta de la Iglesia a los abusos que la causa sea el celibato. «Ningún estudio serio ha revelado una relación entre el celibato y los abusos por parte de sacerdotes», ha afirmado con rotundidad. Además ha asegurado que los estudios demuestran que los casos de pederastia «se dan sobre todo en el seno de la familia».
El primer informe anual sobre políticas y procedimientos eclesiásticos para la protección de menores también hace un análisis por continentes. En Europa, en concreto, revela que se han llevado a cabo algunos «estudios serios sobre la prevalencia de los abusos en las Iglesias locales». También se valoran los «esfuerzos de protección avanzados», pero se lamenta que persista «la falta de estadísticas fiables sobre el alcance de los abusos cometidos por clérigos y religiosos en diferentes partes de la región».
Además también identifica en el contexto europeo algunos factores que ralentizan la capacidad de «responsabilizar a los autores de los delitos en algunos países»; como el «estigma social, la falta de mecanismos de denuncia accesibles y la falta de seguimiento de las denuncias por parte de las autoridades eclesiásticas». Los grupos de víctimas «informan de que en algunos países la reputación de la Iglesia parece tener prioridad sobre la protección de las víctimas», ha afirmado O’Malley a este respecto.
En todo caso, el informe deja claro que mientras que en algunas partes de América, Europa y Oceanía las Iglesias locales se han dotado de «importantes recursos disponibles para la protección», todavía hay una parte sustancial de América Central y del Sur, África y Asia que cuenta con pocos recursos. En este sentido O’Malley ha constatado «la urgencia de aumentar la solidaridad entre las conferencias episcopales con el fin de movilizar recursos para alcanzar un estándar universal en materia de protección».