Perú: Comite de la ONU promueve el aborto.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que el aborto es un derecho ante una denuncia presentada contra Perú por las organizaciones internacionales abortistas DEMUS, CLADEM y el Center for Reproductive Law and Policy (CRLP), al que pertenece el médico abortista brasilero Anibal Faúndes. (Faúndes ha recorrido recientemente los parlamentos de Argentina y Chile reclamando justamente que se reconozca ese supuesto derecho). Se trata de un ejemplo claro de reinterpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las organizaciones mencionadas están habilitadas para presentar ese tipo de denuncias por el Protocolo Facultativo del mismo Pacto. La denuncia ante el Comité fue presentada en noviembre de 2002. Cuando en 1966 la ONU propuso a los Estados miembros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nada hacía esperar que con el tiempo su texto fuera reinterpretado de tal modo que se considerara una violación al tratado que la legislación de un Estado parte “niegue” a una mujer el supuesto “derecho al aborto”. (Es de notar que tanto el Pacto como su Protocolo forman parte de la Constitución Argentina). Sin embargo los comités del sistema de Derechos Humanos de la ONU se han propuesto -como tantas veces lo hemos dicho- imponer la reingeniería social de la cultura de la muerte, pervirtiendo la letra y el espíritu de los tratados de derechos humanos, porque ninguno de los artículos del Pacto mencionados en el dictamen dan pie para razonablemente justificar el aborto. Pero, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU la negativa de los médicos peruanos, avalada por la legislación nacional de ese país, a practicar el aborto de un feto anencefálico, es una violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En Perú, artículo 119 del Código Penal dice: “el aborto terapéutico sólo está permitido cuando la suspensión del embarazo es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave permanente”. (Lo que no deja de ser moralmente un crimen).