España: Piden claridad al PP ante "aborto"
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha pedido al Partido Popular y, concretamente, a su presidente, Mariano Rajoy, que haga una declaración «firme, inequívoca, comprensible e inalterable» sobre si derogará la ley del aborto en caso de ganar las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. Joya ha señalado que el PP ha hecho «demasiadas declaraciones confusas, crípticas y hasta contradictorias» en las últimas semanas sobre esta materia.
Gador Goya ha pedido a los dirigentes del PP que dejen de “jugar con una gran mayoría de su base social”.
Así, ha insistido en que Rajoy ha de expresar “con absoluta claridad y no como hasta el momento” su compromiso para derogar la actual ley del aborto y ha reclamado “transparencia y claridad” a todos los populares que, a su juicio, están “muy lejos de decir siempre lo mismo”.
Con la derogación de la actual normativa, según ha defendido Joya, “se acabará con el sistema de plazos que convierte el aborto en un falso derecho y que atenta contra el derecho a vivir de los concebidos”.
Por otro lado, el Gobierno de UPN y PSN ha puesto en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia en relación con el aborto. Los trabajadores del Servicio Navarro de Salud directamente implicados en este tipo de intervención que no puedan realizarla por razones de conciencia deberán manifestarlo anticipadamente y por escrito, según recoge la ley que regula este registro. El Colegio de Médicos de Navarra se opone al texto legal porque no cree necesario establecer ningún registro, ya que basta con la comunicación por escrito de la intención a objetar. El PP advierte que se va a elaborar una lista negra de trabajadores sanitarios.
(Diario de Navarra) Estos profesionales “deberán presentar una declaración de objeción de conciencia, así como especificar para cuáles de los supuestos“ recogidos en la ley objetan. Las declaraciones formarán parte de este registro que acaba de crear el Gobierno, mediante una orden foral de la consejera de Salud, Marta Vera, aprobada el 3 de octubre y publicada ayer en el Boletín Oficial de Navarra.
Un registro que incluirá tanto las declaraciones de objeción de conciencia a practicar abortos, como las revocaciones que se puedan producir. El objetivo, según destaca la orden foral, es que el departamento de Salud pueda “garantizar una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria, con el fin de conocer los centros públicos a los que se pueda dirigir la mujer que manifieste su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo“ siempre que esté dentro de lo establecido por la ley.
El fichero contendrá el nombre, apellidos, DNI, titulación, especialidad, centro en el que presta sus servicios y servicio al que se encuentra adscrito. La unidad responsable del fichero será el Servicio de Seguridad de la Información Sanitaria, que depende de la subdirección de Organización y Sistemas de Información del Servicio Navarro de Salud.
Ley impulsada por el PSN.
La ley por la que se creó este registro fue propuesta por el PSN y aprobada hace un año, el 28 octubre de 2010, por el Parlamento navarro, con el apoyo de NaBai e IU. Votaron en contra UPN y CDN.
La norma recibió el rechazo del Colegio de Médicos de Navarra. El Colegio dejó claro que respeta la libertad individual de cada facultativo para decidir en conciencia su postura ante el aborto. Recordó que la ley nacional establece que la negativa a realizar abortos por razones de conciencia debe manifestarse anticipadamente y por escrito, pero que eso “no conlleva la necesidad de crear ningún registro oficial“, sino que basta una mera notificación administrativa personal a la dirección del servicio correspondiente.
En opinión del Colegio de Médicos, sólo de esa forma “personal, voluntaria y confidencial“ se puede garantizar la asistencia a las pacientes demandantes de esta intervención sin lesionar los derechos de los profesionales implicados. En su opinión, la obligación de realizar esta declaración sólo por parte de los profesionales del sistema sanitario público es “contraria a la Constitución“.