Obispos de Francia celebran aprobación de ley sobre cuidados paliativos
Ya son tres parlamentos europeos dicen no al suicido asistido por los mismos motivos
En los últimos tres meses han encallado otras tantas propuestas de ley de suicidio asistido en Escocia, Francia e Inglaterra. En todos los casos, la negativa se ha debido a la percepción entre los parlamentarios de que los textos no ofrecían salvaguardas suficientes contra la denominada “pendiente resbaladiza” de la eutanasia.
El 17 de marzo el Parlamento escocés rechazó el “Proyecto de ley sobre la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales”, patrocinado por el diputado liberal-demócrata Liam McArthur.
Pese a que el proyecto intentaba salir al paso de la posible presión que podían sufrir algunos enfermos vulnerables, en el rechazo ha pesado mucho el temor a la tendencia expansionista que se ha visto en otros países que han aprobado leyes similares, como por ejemplo Canadá, donde los requisitos para recibir la eutanasia se han ido ensanchando, y con ello el número de casos. La oposición de buena parte de la comunidad médica también ha sido determinante.
Inglaterra: un camino accidentado y polémico
En el Parlamento de Londres –que legisla para todo el Reino Unido, excepto en las materias cedidas a Escocia, Gales e Irlanda del Norte–, el proyecto de ley de suicidio asistido (llamado “Ley para el final de la vida de los adultos enfermos en estado terminal”) no ha podido completar el trámite parlamentario. Aunque la Cámara de los Comunes le dio su aprobación definitiva hace once meses, el texto ha decaído en la Cámara de los Lores, que no ha tenido tiempo de discutir las más de 1.200 enmiendas presentadas antes de que terminara el periodo de sesiones el pasado 24 de abril.
En parte, el retraso en la tramitación se ha debido al tipo de cauce legal empleado para ella. El texto era una private member’s bill; es decir, un proyecto presentado no por el Gobierno sino por iniciativa de una diputada, la laborista Kim Leadbeater. Al contrario que las leyes propuestas por el ejecutivo, que cuentan con un calendario de discusión delimitado y con procedimientos para “desatascar” el proceso en caso de que se dilate, las private member’s bills deben repartirse los pocos espacios de tiempo que se reservan para ellas; en concreto, algunos viernes. En función del apoyo con que cuente el texto entre los miembros de la Mesa del Congreso, se le concede más o menos prioridad, pero siempre dentro de esos breves periodos. En cualquier caso, la tramitación de este tipo de leyes suele ser más larga y accidentada.
El caso es que el proyecto de Leadbeater, pese al apoyo declarado de algunos medios influyentes como The Guardian o The Economist y del lobby proeutanasia, ha suscitado una importante división parlamentaria desde el principio, y esa contestación ha ido aumentando con el tiempo. Si en la votación preliminar recibió 55 más síes que noes, en la definitiva, en junio del año pasado, la mayoría se redujo a 22 diputados: 313 frente a 291.
Todos los grupos parlamentarios concedieron libertad de voto a sus miembros, por considerar que se trataba de un asunto que afectaba a la conciencia. Y precisamente ha sido el Partido Laborista, en el Gobierno, el que más dividido se ha mostrado, con 224 votos favorables y 160 en contra.
Esta división se ha manifestado incluso dentro del propio gabinete. Aunque la mayoría de sus miembros ha respaldado la ley, incluido el primer ministro Keir Starmer, seis han votado en contra, y otros dos se han abstenido. Entre ellos, algunos con puestos muy relevantes, por el lugar que ocupan dentro del ejecutivo o por la relación directa que guardan sus carteras con el tema debatido. Es el caso, por ejemplo, de Angela Reyner (entonces viceprimera ministra, cargo que ahora ocupa David Lammy, que se abstuvo), Wes Streeting (que acaba de dimitir como ministro de Sanidad para presentarse como candidato a suceder a Starmer) o Shabana Mahmood (ministra de Justicia entonces y hoy ministra del Interior), entre otros.
¿Suficientes salvaguardas?
Quizás previendo la división que iba a suscitar el tema en el Parlamento –no en vano ya van unos cuantos proyectos de ley de suicidio asistido que fracasan–, la propuesta de Leadbeater trató de despejar los recelos a lo que se conoce como la “pendiente resbaladiza” de la eutanasia (véase el caso de Noelia en España, que el periodista británico Brendan O’Neill señaló explícitamente como ejemplo de aquello a lo que podían conducir estas leyes).
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Francia precisó que «el acceso a una atención digna, humana y pacífica al final de la vida es una cuestión de solidaridad nacional». Los senadores adoptaron de forma definitiva, por 325 votos contra 18, la proposición de ley de cuidados paliativos y rechazaron por segunda vez la eutanasia, por 151 votos contra 118.
«El acceso a una atención digna, humana y pacífica al final de la vida es una cuestión de solidaridad nacional. Además, el reciente rechazo del proyecto de ley sobre la muerte asistida subraya la creciente división entre los parlamentarios sobre este tema crucial para nuestra vida colectiva. Esta votación confirma la clara falta de consenso político y social respecto a la ‘asistencia activa para morir’», precisó la CEF.
Los prelados aseveraron que una civilización se juzga por cómo cuida a sus más vulnerables. «Imponer por la fuerza una legislación que legalice la eutanasia y el suicidio asistido equivaldría a ignorar la opinión de un número significativo de parlamentarios. Dada la gravedad del asunto y la diversidad de puntos de vista expresados, esto constituiría una imprudencia moral y una violación de los principios democráticos, con graves consecuencias humanas, éticas y sociales», explicaron.
El 12 de mayo de 2026 el Senado de Francia rechazó en segunda lectura el proyecto de ley de eutanasia que había sido aprobado el 25 de febrero por la Asamblea Nacional. Previamente, el 29 de abril, la Comisión de Asuntos Sociales del Senado había analizado y aprobado enmiendas al texto, que finalmente fue rechazado por los senadores.
El proyecto que tuvo a consideración el Senado cuenta con 19 artículos. En lo fundamental, se propone modificar el Código de Salud Pública para incorporar una sección dedicada a la asistencia médica para morir dentro del Libro I, Título I, Capítulo I, Sección 2 bis, que incluya un artículo que disponga:
“Art. L. 1111-12-1.1. I. A pedido de una persona que reúna las condiciones mencionadas en el artículo L. 1111-12-2, para evitar todo sufrimiento y no padecer obstinación irrazonable, un médico puede prescribir una sustancia letal para que la persona se la administre o, si no está físicamente en condiciones de hacerlo, le sea administrada por un médico o un enfermero voluntario y registrado ante la comisión mencionada en el I del artículo L. 1111-12-13.
II. – No son penalmente responsables, en el sentido del artículo 122-4 del Código Penal, los profesionales de la salud que actúen en las condiciones mencionadas en el I del presente artículo y según las modalidades previstas en los artículos L. 1111-12-2 a L. 1111-12-12.
III. – La asistencia médica para morir definida en el I del presente artículo no forma parte del derecho fundamental a la protección de la salud previsto en el artículo L. 1110-1 del Código de Salud Pública.”
Como ya informamos en anteriores boletines, el otro artículo crucial es el artículo 4, que en la redacción aprobada por la Comisión de Asuntos Sociales el 29 de abril de 2026 disponía:
“Art. L. 1111-12-2. – Para la implementación del I del artículo L. 1111-12-1, una persona debe reunir las siguientes condiciones:
1° Tener al menos dieciocho años;
2 a 4º: suprimidos
4° bis Reunir las condiciones previstas en los puntos 1° o 2° del artículo L. 1110-5-2;
5° Ser apta para manifestar su voluntad de manera libre e informada.”
En esta instancia, la redacción que estuvo en discusión en el Senado remite a un artículo del Código de la Salud Pública ya vigente y que regula los casos en que se puede administrar sedación profunda y continua. Allí los casos regulados son los siguientes:
“Art. L1110-5-2…
1° Cuando el paciente, afectado por una enfermedad grave e incurable y cuyo pronóstico vital esté comprometido a corto plazo, presente un sufrimiento refractario a los tratamientos;
2° Cuando la decisión del paciente, afectado por una enfermedad grave e incurable, de interrumpir un tratamiento comprometa su pronóstico vital a corto plazo y pueda ocasionarle un sufrimiento insoportable”.
Respecto al proyecto de eutanasia, según se informa en el sitio oficial del Senado, debería convocarse a un comité conjunto compuesto por 7 miembros de la Asamblea Nacional y 7 del Senado para buscar una solución de compromiso. Estaremos atentos a ver cómo sigue el debate.
En el mismo día, el Senado aprobó definitivamente la ley de cuidados paliativos por amplia mayoría. De esta manera, en Francia se da prioridad al cuidado por sobre la muerte provocada de los más vulnerables.